Empresas en dificultades en Marruecos: salvaguardia, reorganización judicial y liquidación tras la ley 73-17

Retrasos en los pagos de clientes, tensiones de tesorería, pérdida de un contrato importante, conflicto entre socios: cualquier empresa puede atravesar un periodo de dificultades. En Marruecos, el derecho de las empresas en dificultades se rige por el Libro V del Código de Comercio (ley n.º 15-95), íntegramente reescrito por la ley n.º 73-17, promulgada por el dahir n.º 1-18-26 de 19 de abril de 2018 y publicada en el Boletín Oficial n.º 6667 de 23 de abril de 2018 (edición francesa en el BO n.º 6732 de 6 de diciembre de 2018). Esta reforma hizo evolucionar un sistema históricamente centrado en la liquidación hacia una lógica de prevención y salvaguardia. Sin embargo, según los profesionales, el procedimiento de salvaguardia sigue estando ampliamente infrautilizado por los directivos marroquíes, mientras las quiebras empresariales continúan en aumento (se preveían más de 16.000 quiebras para 2024 según las previsiones recogidas por la prensa económica). Panorama de las herramientas a disposición de directivos, socios y acreedores.

Un sistema escalonado: de la prevención a la liquidación

La ley n.º 73-17 organiza el tratamiento de las dificultades en varios niveles, cuya intensidad depende de la gravedad de la situación de la empresa. El criterio central es la cesación de pagos, entendida como la imposibilidad de hacer frente al pasivo exigible con el activo disponible. Mientras la empresa no esté en cesación de pagos, puede recurrir a los procedimientos de prevención (alerta, mandato especial, conciliación) o a la salvaguardia. Una vez constatada la cesación de pagos, solo quedan abiertos los procedimientos de reorganización o de liquidación judicial.

La prevención interna: la alerta

La prevención interna se basa en un mecanismo de alerta (artículos 547 y 548 del Código de Comercio). Cuando el auditor de cuentas, si lo hubiera, o un socio detecta hechos que pueden comprometer la continuidad de la explotación, informa de ello al jefe de empresa en un plazo de ocho días mediante carta certificada con acuse de recibo. Si el directivo no pone remedio a la situación en los plazos previstos, debe convocarse a la junta general para que delibere. A falta de medidas suficientes, el auditor de cuentas o el jefe de empresa informa al presidente del tribunal de comercio, que puede entonces intervenir en el marco de la prevención externa.

La prevención externa: mandato especial y conciliación

El presidente del tribunal de comercio dispone de dos herramientas confidenciales y amistosas:

  • El mandatario especial (artículo 549 y siguientes): designado a petición del jefe de empresa, tiene por misión facilitar la solución de las dificultades. La reforma de 2018 amplió su ámbito de intervención, que ahora puede abarcar los conflictos laborales, las controversias entre socios o con socios comerciales, y cualquier dificultad que pueda obstaculizar la actividad (artículo 550).
  • La conciliación (artículos 551 a 559): abierta a la empresa que no está en cesación de pagos, tiene por objeto la celebración de un acuerdo con los principales acreedores. El conciliador es designado por un periodo limitado (tres meses, renovable una vez). El acuerdo puede ser homologado por el presidente del tribunal; durante su ejecución, suspende las acciones relativas a los créditos que cubre. Los acreedores que no son parte del acuerdo deben ser informados de los plazos de pago concedidos por el presidente del tribunal.

Innovación destacada: quienes aportan nueva financiación de tesorería en el marco del acuerdo gozan de prioridad de pago frente a los créditos anteriores (artículo 558), lo que fomenta la financiación de la empresa en fase de reestructuración amistosa. En caso de incumplimiento de los compromisos, el presidente del tribunal puede resolver el acuerdo.

El procedimiento de salvaguardia: anticiparse a la cesación de pagos

Principal novedad de la ley n.º 73-17, el procedimiento de salvaguardia (artículos 560 y siguientes) se dirige a la empresa que, sin estar en cesación de pagos, se enfrenta a dificultades que no puede superar y que pueden conducirla, a corto plazo, a la cesación de pagos.

Sus principales características son las siguientes:

  • solo el jefe de empresa puede solicitar la apertura del procedimiento;
  • la solicitud debe ir acompañada de un proyecto de plan de salvaguardia (compromisos, modalidades de financiación, pago del pasivo, garantías), so pena de inadmisibilidad (artículo 562);
  • el tribunal designa a un juez-comisario y a un síndico; se suspenden las acciones individuales de los acreedores;
  • el directivo conserva la gestión de la empresa y realiza los actos de gestión corriente, bajo la supervisión del síndico (artículo 566);
  • los acreedores que han declarado su crédito son consultados por el síndico sobre los plazos y quitas propuestos; el silencio durante treinta días tras la recepción de la carta del síndico equivale a aceptación (artículos 601 a 603, aplicables por remisión del artículo 569);
  • el tribunal aprueba el plan cuando existen posibilidades serias de salvaguardia (artículo 570) y fija su duración; en caso contrario, o si el plan no se ejecuta, el procedimiento puede convertirse en reorganización o liquidación judicial (artículo 573).

La reorganización judicial: tratar la cesación de pagos

Cuando la empresa está en cesación de pagos pero su situación no está irremediablemente comprometida, procede la reorganización judicial (redressement judiciaire). El jefe de empresa debe solicitar su apertura en un plazo de treinta días desde la cesación de pagos, salvo que entretanto se haya abierto un procedimiento de conciliación o de salvaguardia. La solicitud debe acompañarse de un conjunto de documentos (estados financieros del último ejercicio, inventario, lista de acreedores y deudores, lista de trabajadores, etc. — artículo 577). El procedimiento también puede abrirse a iniciativa de un acreedor o del ministerio fiscal.

El síndico dispone de un plazo de cuatro meses desde la sentencia de apertura, renovable una vez, para presentar sus propuestas tras su balance económico, financiero y social. Al término de esta fase, el tribunal puede aprobar:

  • un plan de continuación, cuya duración no puede en ningún caso superar los diez años (artículo 628);
  • un plan de cesión, total o parcial, acompañado en particular de compromisos de mantenimiento del empleo;
  • o, a falta de perspectiva seria, la liquidación judicial.

La ley n.º 73-17 también introdujo la junta de acreedores (artículos 606 y siguientes), constituida para determinadas empresas según criterios legales, que se pronuncia en particular sobre el proyecto de plan de continuación y sobre ciertas modificaciones del plan. Esta innovación refuerza el peso de los acreedores en el proceso de decisión.

La liquidación judicial

La liquidación judicial se declara cuando la situación de la empresa está irremediablemente comprometida. Implica el desapoderamiento del deudor de la administración y disposición de sus bienes, cuyos derechos ejerce el síndico. El tribunal puede autorizar, con carácter temporal, la continuación de la actividad si el interés público o el de los acreedores lo exige. El procedimiento se cierra por extinción del pasivo o, con mayor frecuencia, por insuficiencia de activo.

En cuanto a la prelación de créditos, los trabajadores gozan de un privilegio de primer rango para el pago de sus salarios e indemnizaciones, conforme al artículo 382 del Código de Trabajo, junto a las prioridades específicas previstas por el Código de Comercio a favor de los créditos nacidos regularmente durante el procedimiento y de las aportaciones realizadas en el marco de la conciliación.

Cuadro comparativo de los procedimientos

Procedimiento Situación de la empresa ¿Quién puede iniciarlo? Situación del directivo Carácter
Mandato especial Dificultades, sin cesación de pagos Jefe de empresa Conserva todas sus facultades Amistoso y confidencial
Conciliación Dificultades, sin cesación de pagos Jefe de empresa Conserva todas sus facultades Amistoso, acuerdo homologable
Salvaguardia Dificultades insuperables que pueden llevar a corto plazo a la cesación de pagos Solo el jefe de empresa Conserva la gestión bajo supervisión del síndico Judicial, preventivo
Reorganización judicial Cesación de pagos, situación no irremediablemente comprometida Jefe de empresa, acreedor, ministerio fiscal Asistido o sustituido por el síndico Judicial, curativo
Liquidación judicial Situación irremediablemente comprometida Jefe de empresa, acreedor, ministerio fiscal, tribunal Desapoderado de la gestión Judicial, liquidativo

Acreedores: no dejar pasar el plazo de declaración

Para los acreedores, la apertura de un procedimiento concursal exige una vigilancia especial. Con excepción de los titulares de garantías publicadas o de contratos de arrendamiento financiero, que son avisados personalmente, los acreedores deben declarar sus créditos ante el síndico en un plazo de dos meses a partir de la publicación de la sentencia de apertura en el Boletín Oficial. En su defecto, y salvo levantamiento de la preclusión en las estrictas condiciones previstas por la ley, el crédito se extingue. Por ello, es indispensable un seguimiento regular de los anuncios legales para toda empresa con una cartera de clientes significativa.

La responsabilidad de los directivos

La ley prevé un conjunto de sanciones contra los directivos culpables: extensión del procedimiento concursal al directivo que, por ejemplo, haya dispuesto de los bienes sociales como propios o llevado una contabilidad ficticia (artículos 740 y 741); condena a soportar total o parcialmente la insuficiencia de activo en caso de falta de gestión que haya contribuido a ella; inhabilitación comercial, que conlleva la prohibición de dirigir, gestionar o controlar una empresa comercial. Estas sanciones se suman a las eventuales acciones penales, en particular por quiebra fraudulenta. El retraso en la declaración de la cesación de pagos figura entre las conductas que pueden generar esta responsabilidad.

Puntos prácticos de atención

  • Actuar pronto: la salvaguardia solo está disponible antes de la cesación de pagos; esperar a que las dificultades se agraven priva a la empresa de la herramienta más favorable para el directivo.
  • Preparar un plan creíble desde la presentación: el proyecto de plan de salvaguardia es una condición de admisibilidad; debe basarse en previsiones financieras serias y documentadas.
  • Respetar el plazo de treinta días para solicitar la apertura de una reorganización judicial tras la cesación de pagos, a fin de limitar la exposición personal del directivo.
  • Aprovechar la confidencialidad de los procedimientos amistosos (mandato especial, conciliación) para negociar con bancos y proveedores sin perjudicar la imagen de la empresa.
  • Asegurar la nueva financiación inscribiéndola en un acuerdo de conciliación para beneficiarse de la prioridad de pago del artículo 558.
  • Del lado del acreedor: vigilar las publicaciones en el Boletín Oficial y declarar los créditos en el plazo de dos meses, adjuntando los justificantes y precisando las garantías.
  • Llevar una contabilidad regular: una contabilidad incompleta o irregular expone al directivo a las sanciones patrimoniales y profesionales más graves.

Conclusión

Ocho años después de la reforma del Libro V del Código de Comercio, el derecho marroquí ofrece a las empresas en dificultades una gama completa de herramientas, desde la alerta temprana hasta la liquidación. El procedimiento de salvaguardia, en particular, permite al directivo mantener el control beneficiándose de la protección del tribunal, siempre que actúe antes de la cesación de pagos y con un plan sólido. Para los acreedores, la reforma ha reforzado su papel en el proceso, a cambio de una mayor vigilancia procesal. Anticipación, documentación y asesoramiento son las claves de un tratamiento eficaz de las dificultades.

Este artículo presenta un panorama general y no constituye asesoramiento jurídico. El despacho Westfield acompaña a directivos, socios y acreedores en la prevención y el tratamiento de las dificultades empresariales en Marruecos, desde la negociación amistosa hasta los procedimientos judiciales. No dude en ponerse en contacto con el despacho Westfield para analizar su situación.

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